Una diferencia entre el precio declarado por un importador y el de otras mercancías podría activar una revisión y dar lugar al embargo de la carga sin necesidad de alcanzar el umbral de 50% previsto actualmente. Ese es el cambio que colocó en el centro de la discusión a la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera vinculada con el Paquete Económico 2027. Durante una reunión realizada en la víspera de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, representantes de sectores productivos y operadores del comercio exterior coincidieron en combatir la subvaluación, pero exhibieron posiciones distintas sobre el alcance del control propuesto y sus efectos en las cadenas de suministro.

La iniciativa del Ejecutivo plantea que, cuando el valor declarado en un pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, la autoridad aduanera inicie de oficio sus facultades de comprobación. También elimina el umbral de 50% para la causal de embargo precautorio del artículo 151 y la excepción a esa medida ligada a la garantía prevista en el artículo 86-A. La exposición de motivos sostiene que el cambio permitiría actuar frente a posibles prácticas de subvaluación “sin modificar los métodos de valoración previstos en la Ley Aduanera ni atribuir a dicha diferencia, por sí misma, el carácter de irregularidad definitiva”.

Para sustentar la propuesta, el Ejecutivo reporta dos mil 541 operaciones de importación detectadas entre 2025 y agosto de 2026, con un valor comercial conjunto de mil 586.7 millones de pesos, que no actualizaron la causal de embargo por ubicarse debajo del umbral vigente. La cifra describe el valor de esas operaciones, no el monto de contribuciones presuntamente omitidas. La iniciativa también señala que en 2025 hubo 44 mil 232 operaciones de importación definitiva mediante cuentas aduaneras de garantía por precios estimados, principalmente en calzado, textil y confección.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), respaldó el objetivo recaudatorio, pero pidió dirigir la medida hacia donde se concentra el problema. “Combatir la subvaluación y proteger la recaudación es una prioridad legítima del gremio de los agentes aduanales”, afirmó. Su propuesta consiste en incorporar al artículo 54 un estándar de debida diligencia para los agentes, acotar el nuevo criterio a mercancías de consumo final sensibles y sustituir el embargo inmediato por una retención con plazos definidos para notificar, acreditar el valor y resolver. De ese modo, sostuvo, se evitaría extender la fricción a insumos y activos utilizados por la manufactura exportadora.

La discusión sobre qué constituye una comparación válida atravesó buena parte de la reunión. Virgilio Antonio Vallejo, de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), argumentó que un precio inferior al de otra mercancía no basta para rechazar el valor de transacción declarado. Pidió estudiar la compatibilidad de la propuesta con los compromisos internacionales de valoración aduanera de México y advirtió que los embargos y depósitos podrían afectar la liquidez, congestionar las aduanas y multiplicar las impugnaciones.

Zurisadai Cruz Jain, de la consultora en comercio exterior TecMex, expuso que incluso bienes de apariencia similar pueden tener precios distintos por volumen, calidad o condiciones comerciales; cuestionó, además, que en algunas revisiones se utilicen precios de plataformas de venta al público como referencia de mercancías importadas al mayoreo.

El contraste surgió desde las industrias que se consideran perjudicadas por la subvaluación. Panambí Garcés, directora general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), respaldó la eliminación del umbral de 50%, al considerar que deja margen para operaciones irregulares y coloca en desventaja a las empresas formales. Pidió, sin embargo, un procedimiento que compare bebidas equivalentes según marca, origen, calidad, añejamiento, presentación y nivel comercial. “No buscamos pagar menos, buscamos que el Estado recaude mejor”, resumió.

Alberto Lerín, representante de cámaras de la industria del calzado de Guanajuato y Jalisco, y de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), también defendió mayores herramientas para la autoridad. Señaló casos de calzado importado con valores declarados de un centavo de dólar y sostuvo que el ingreso de mercancía a precios artificialmente bajos causa un daño a la producción nacional que una garantía posterior no repara. A su juicio, los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera ya contienen criterios para comparar mercancías idénticas o similares sin equiparar productos de distinta calidad, marca o función.

Esa respuesta no disipó la preocupación de la industria automotriz. Hilda López Varela, quien intervino por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), explicó que dos componentes con apariencia o función semejante pueden tener precios distintos por especificaciones técnicas, materiales o equipamiento. Alejandra Rosete, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), añadió que una misma fracción arancelaria puede comprender piezas destinadas a unidades de clases diferentes. Ambas advirtieron que la retención de componentes afectaría operaciones integradas con las cadenas de Norteamérica y esquemas de producción ajustados a tiempos de entrega.

Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), llevó esa diferencia al terreno operativo: componentes clasificados en una misma fracción pueden no ser intercambiables y mostrar variaciones legítimas de precio. “Una misma fracción arancelaria no significa necesariamente una misma mercancía desde el punto de vista técnico o comercial”, señaló. Solicitó criterios de comparabilidad por aplicación, materiales y segmento, un plazo obligatorio para liberar mercancías una vez protegido el interés fiscal y un tratamiento que distinga los textiles técnicos automotrices de los destinados a vestido y confección.

Fernanda Padilla Rangel, representante del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), pidió precisar expresamente el tratamiento de las importaciones temporales de empresas IMMEX. También señaló que los importadores no tienen acceso a los valores de otras operaciones que utilizaría la autoridad para comparar precios. Index propuso plazos de resolución y liberación de carga cuando se acredite el valor declarado o se constituya la garantía. El planteamiento cobra relevancia porque la iniciativa reduce de 50% a 20% el umbral de una presunción de infracción prevista en el artículo 177 para determinados regímenes que permiten determinar contribuciones sin pagarlas, siempre que concurran las demás condiciones legales.

La liquidez fue otro eje de las intervenciones. La iniciativa conserva la posibilidad de solicitar la sustitución del embargo para mercancías no sujetas a precios estimados, pero establece tratamientos diferentes: ante una diferencia menor de 20%, prevé depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía; con una diferencia de 20% o más, depósito en efectivo. Norma Angélica Solís Rosas, de Intrade Smart, y Georgina Noricumbo Aguilar, representante de Solución Integral al Comercio Exterior, señalaron que importadores y agentes aduanales carecen de acceso a parte de la información de terceros necesaria para anticipar esas comparaciones. Noricumbo advirtió que inmovilizar recursos y mercancías ante diferencias aun pequeñas podría resultar especialmente gravoso para empresas de menor tamaño.

Desde Concanaco Servytur, Jessica Morales solicitó que la autoridad motive técnicamente la duda sobre el valor antes de embargar, distinga errores corregibles de operaciones fraudulentas, dé audiencia al importador y transparente sus parámetros de comparación. Luis Alberto Gaitán Morales, representante del sector importador, pidió considerar el historial de las empresas certificadas para ofrecerles una oportunidad de aclaración. Arturo Pérez Behr, agente aduanal, planteó un tratamiento específico para mercancías usadas, cuyo valor depende del desgaste, las reparaciones, el funcionamiento y la vida útil restante.

Los posibles efectos no terminarían en el despacho. Antonio de la Rosa, de Agencia Aduanal de la Rosa, advirtió sobre la capacidad física para resguardar más mercancía embargada y propuso fortalecer la fiscalización posterior. José Aguilar Méndez, de DHL Express México, pidió aprovechar la información que ya transmiten navieras, transportistas, agentes de carga y agentes aduanales para identificar operaciones de riesgo. Eréndira Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac), vinculó el debate con la saturación y los costos de almacenaje; además, planteó revisar el marco de concesiones y autorizaciones de los recintos para dar continuidad a inversiones de largo plazo.

Samuel Ortiz, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió conectar la fiscalización aduanera con una política de desarrollo de proveedores nacionales. Por la industria del vestido, Juan Manuel Curi Ramírez y Alejandro Acalco apoyaron combatir las importaciones desleales, pero expresaron reservas frente al embargo como respuesta general. Georgina Estrada, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), solicitó que la industria participe en la definición de criterios de valoración para sectores sensibles. Las exposiciones mostraron que incluso entre sectores afectados por la subvaluación hay diferencias sobre cuándo retener una mercancía y cuándo permitir su liberación mediante garantía.

En el cierre legislativo, Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la diferencia de precio puede justificar una alerta, pero requiere un procedimiento técnico antes de trasladar al importador el costo de una inmovilización. Jericó Abramo Masso, del PRI, pidió analizar las condiciones de cada sector y anunció que buscaría una contrapropuesta al dictamen. Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que el texto tiene alcance general aun cuando parte de la justificación se concentra en mercancías sensibles; afirmó que su bancada presentará reservas. Héctor Pedroza Jiménez, del PVEM, respaldó continuar las mesas de trabajo para incorporar la experiencia de quienes operan diariamente en las aduanas.

Por Morena, el diputado Carlos Palacios recogió las peticiones de definir la debida diligencia del agente aduanal, diferenciar el fraude de errores y variaciones legítimas, revisar los costos operativos y considerar las reglas internacionales de valoración. José Narro Céspedes pidió sumar al análisis los efectos de las importaciones de productos agrícolas sobre los productores nacionales. Al concluir, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, informó que la relatoría se enviaría a la Secretaría de Hacienda y que seguiría la dictaminación.

La decisión legislativa pendiente rebasa, así, la eliminación de un porcentaje. La comisión deberá resolver qué evidencia justifica revisar una operación, bajo qué condiciones puede inmovilizarse la mercancía y en cuánto tiempo debe liberarse si el importador acredita su valor. De esa precisión dependerá que el nuevo control alcance las prácticas de subvaluación denunciadas por la industria sin extender sus costos al flujo regular de insumos, equipos y bienes de consumo.