La prometida Cuarta Transformación portuaria nunca llegó. Más bien, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el escenario de una ampliamente criticada recomposición de la administración del sector marítimo-portuario en México y que, de acuerdo con especialistas en la materia, ha resultado en retrocesos operativos y aumentos sustanciales en costos para las empresas con actividades en comercio exterior, en momentos en que el país requiere de una mayor agilidad en la atención de las mercancías, principalmente ante la creciente ola de importaciones asiáticas que ha impactado a los puertos del Pacífico mexicano.

En una entrevista para la revista T21 publicada en su edición de enero de 2019 (volumen 233), Héctor López Gutiérrez, designado un mes antes como titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) -en ese momento aún en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)-, perfilaba la estrategia que seguiría la administración federal entrante.

En su plan de ruta se había trazado grosso modo la creación de los Sistemas Intermodales Portuarios Costeros (Sipcos), es decir, que los principales puertos en manejo de carga del país se agruparían en cinco bloques regionales que incentivarían el desarrollo integral de negocios costeros, marítimos y portuarios. En la visión de Héctor López, esta “renovación” vendría a darle un giro al agotado modelo de las Administraciones Portuarias Integrales (API) que nacieron con la Ley de Puertos de 1993, a la par de que estaría centrado en otorgar un beneficio socioeconómico a las poblaciones interconectadas con los puertos.

Los Sipcos nunca verían la luz, ya que el Gobierno federal preparaba una estrategia alterna que retumbaría en todos los sectores empresariales, incluso los relacionados con la actividad marítimo-portuaria, esto es, la entrada de las Fuerzas Armadas en la administración pública.

De esta manera y tras seis meses en los que se realizaron diversos cambios legislativos, el 7 de junio de 2021 se concretó el traspaso de la CGPMM a la Secretaría de Marina (Semar), un movimiento que en su principal objetivo se encontraba el combate a la introducción de mercancía ilegal en los puertos, como precursores para la elaboración de drogas sintéticas; aunque también se llegó a manejar la idea en las conferencias matutinas del presidente López Obrador que los puertos se habían “privatizado”, por lo que el Estado entraría a “recuperar” su control, a pesar de que el propio gobierno es quien había estado otorgando las concesiones portuarias, de la mano de las API, a los distintos jugadores privados.

Sin embargo, ya como administradora de los puertos mexicanos, la Marina entraría en un terreno en el cual aún tendría que iniciar una pronunciada curva de aprendizaje, de la mano de la introducción de los marinos también en la administración de las aduanas marítimas, ambos hechos sin precedentes en el país, lo que terminaría afectando doblemente la operación en los puertos.

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