El paro nacional carretero previsto para este lunes 6 de abril no solo sigue en pie, también se perfila como “indefinido” y sin consenso dentro del sector. Mientras transportistas y productores agrícolas de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) mantienen la convocatoria, organismos empresariales y autoridades insisten en que la ruta debe ser el diálogo y no la interrupción de la operación.
El plan contempla bloqueos en carreteras federales y autopistas en al menos 20 estados, incluidos corredores estratégicos como México–Querétaro, México–Puebla, México–Cuernavaca y México–Pachuca, además de tramos en el bajío, occidente y norte del país.
El movimiento responde a problemáticas que se han mantenido en el sector: inseguridad en carreteras, costos operativos elevados y falta de avances en acuerdos previamente establecidos con autoridades federales.
Sin embargo, el paro también evidenció diferencias dentro del gremio. Tras el deslinde de diversas organizaciones empresariales, ANTAC sostuvo que no existe unidad en el sector y cuestionó que estos grupos representen intereses alejados de la realidad del hombre-camión y de los operadores.
En su posicionamiento, la organización señaló que, frente a un escenario de asaltos, extorsiones y violencia en carreteras, resulta inaceptable minimizar la gravedad del problema, al tiempo que reiteró que el paro “no es un capricho, es una necesidad”.
Del lado empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), junto con organismos como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), confirmó que no participa en la convocatoria, aunque reconoció que el autotransporte enfrenta retos relevantes.
La Concamin subrayó que estos desafíos deben atenderse mediante el diálogo institucional, la coordinación con autoridades y la construcción de soluciones conjuntas, evitando afectaciones a la ciudadanía, las cadenas de suministro y la actividad económica.
Advirtió que cualquier interrupción en el autotransporte impacta directamente el abasto, la movilidad y la estabilidad económica, particularmente en un periodo donde aumenta el flujo de personas y mercancías.
En la misma línea, agrupaciones como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac) informaron que no participarán en el paro, al considerar que este tipo de acciones no representan al transporte organizado y deben resolverse mediante canales institucionales.
Incluso la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) señaló que, si bien reconoce las problemáticas del sector, no promueve bloqueos carreteros y apostó por mantener las mesas de trabajo con autoridades para atender las demandas.
El contexto que rodea al paro explica parte de la presión. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registraron seis mil 263 carpetas de investigación por robo a transportistas.
En contraste, estimaciones de organismos empresariales y firmas especializadas en seguridad logística señalan que los incidentes reales podrían superar los 16 mil anuales, al considerar los casos no denunciados, con pérdidas superiores a siete mil millones de pesos.
Además, especialistas han advertido que en México un operador puede ser víctima de violencia cada 30 minutos. A ello se suman costos crecientes (particularmente en el diésel), infraestructura carretera deteriorada y procesos administrativos que elevan tiempos y gastos.
Entre las demandas del movimiento se encuentran una mayor presencia de la Guardia Nacional en tramos carreteros de riesgo, la creación de paraderos seguros y acciones contra la extorsión y la corrupción en puntos de revisión.
En paralelo, el gobierno federal fijó su postura frente a la convocatoria. A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que no existe razón para llevar a cabo manifestaciones este 6 de abril, al asegurar que se han sostenido mesas de trabajo con organizaciones del campo y del transporte desde finales de 2025 para atender sus demandas.

La dependencia federal indicó que se han implementado apoyos económicos a productores, así como acuerdos específicos en algunas regiones, además de reuniones con transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender temas de seguridad en carreteras y trámites.
Asimismo, sostuvo que la mayoría de las organizaciones han optado por no movilizarse y reiteró que el gobierno mantiene apertura al diálogo, al tiempo que advirtió que este tipo de acciones pueden afectar a terceros y a la actividad económica.
Ante el comunicado de la Segob, ANTAC reafirmó su posición:
Así, el paro indefinido no solo pone presión sobre las autoridades, también deja ver un sector que, aún reconociendo los mismos problemas, mantiene diferencias en la forma de enfrentarlos.